Marisa Graham hoy extitular de la Defensoría Nacional de los Derechos de los Niños, se emocionó al ponderar con orgullo “el equipo de trabajo” que han armado en estos 5 años y 3 meses de gestión y pidió que “la Defensoría no sea intervenida por alguien que la vaya a liquidar y desguazar”.
Graham fue reemplazada por una intervención de la Comisión Bicameral que aún no ha nombrado un reemplazante, por lo que el espacio que debe garantizar el resguardo de los derechos de los niños y niñas y adolescentes a nivel nacional, se encuentra acéfalo.
En contacto con “Es Un Montón” por Radio Provincia, la exfuncionaria nacional contó que el organismo que presidía fue creado por la Ley Nacional 26.061 y se constituyó, en el Parlamento, a partir de una Comisión Bicameral integrada por 5 diputados y 5 senadores nacionales.
“Esa comisión que es la encargada de elegir al Defensor Adjunto (como lo hizo en mi caso) y de recibir los informes anuales existió por 4 años. Pero, todo el 2024, que era el momento en que se vencía mí mandato no se constituyó, por razones ajenas a la Defendoría nacional y los dispositivos provinciales. Luego el 30 de noviembre cerraron las sesiones ordinarias y el inicio de las ordinarias en 2025 coincidió con el fin de mi mandato, el 1 de marzo”, por lo tanto no se han renovado las autoridades, explicó Graham.
En ese marco consideró que “nosotros mandamos cartas a la vicepresidenta Victoria Villaruel y a algunos legisladores” pero “ahora entiendo que no había intensión de constituir la Bicameral, y lo digo ahora porque puedo hablar libremente; ya que antes cualquier manifestación mía era incompatible con mi función”.
Seguido analizó: “Yo creo que a ningún gobierno le gusta que lo controlen, y la Defensoría es una organismo de control que se rige por los Principios de París e informamos al Comité de los Derechos del Niño la situación de la niñez en Argentina. Y eso lo hicimos durante 5 años, una parte durante el gobierno anterior y otra, más pequeña de este”.
En ese marco recordó que “le iniciamos amparos a ambos gobiernos. Y somos un organismo de Derechos Humanos” pero en este caso “no quieren a esta institución y se suma que no me quieren a mí” porque “pretendían otras cosas” del espacio.
Y aclaró que hubo legisladoras que criticaron el accionar de la entidad porque no recibían a los abogados actuantes en causas de familia cuando “nosotros no recibimos letrados, sino que atendemos a los niños, niñas y sus familias. Y en general esos profesionales eran los representantes de un papá, un abuelo, o un tío que tenía una medida de restricción judicial para no ver a esos niños. Es decir que esos fueron los que hicieron lobbie en nuestra contra y organizaciones como Mas Vida”.
Pese a las críticas, Graham aclaró enfáticamente: “Yo estoy orgullosa del equipo que armamos porque junto con los grupos de las defensorías provinciales hemos conformado un conjunto integrado por defensores y especialistas de alta calidad (desde abogados, antropólogos, sociólogos, trabajadoras sociales, psicólogos de niños) que ahora no funciona más”.
En ese marco aclaró que si bien ella todavía “no está notificada del desplazamiento. (…) lo que tendrían que hacer es llamar rápidamente a concurso”. Y aclaró que “por suerte por una propuesta del bloque de Unión por la Patria, se decidió que se llamara a los postulantes a partir del 16 de junio”. Y ante esta convocatoria pidió, en principio, que ese proceso “sea transparente, serio y más rápido. Y que la Defensoría no sea intervenía por alguien que vaya a liquidarla o desguazarla como ya pasó con la Defensoría del Público”.