Sebastián Fajardo, delegado de ATE INTA denunció que la intervención al organismo “vienen con un proyecto” para desmantelarlo y aclaró que “no han podido avanzar porque dentro del Instituto nadie está de acuerdo. Y segundo porque es una institución que está cumpliendo 70 años y tiene una estructura y una forma de funcionamiento democrático que les pone límites”.
En contacto con "Napalm" por “Radio Provincia” señaló que “ayer los trabajadores estuvimos en el Congreso dando pelea como lo venimos haciendo desde hace 6 meses porque estamos viviendo momentos históricos de la lucha dentro de la Institución” y “sabemos que no lo vamos a resolver puertas adentro sino que tenemos que coordinar con los otros organismos y las otras luchas” habida cuenta que “el ataque del Gobierno no escatima en lugares donde pegar”.
Seguido alertó: “Ya está escrito el decreto para continuar con el proyecto de desguace del INTA. Y si sale no estaríamos hablando del cierre pero sí de que dejarían a la institución con el respirador artificial” porque quedaría “prácticamente sin poder producir ni investigar nada” ya que “desde que asumió Milei, en el organismo “se cerraron dos programas: Cambio Rural y ProHuerta y nos quedamos sin dos herramientas fundamentales para trabajar el territorio”.
Y paralelamente, “se ha ido avanzando con un proceso de retiros voluntarios y con la intimación de compañeros y compañeras en edad jubilable” propiciando que “se pierda el 10% de la planta de la institución”, agregó.
Sin embargo, destacó que “eso para el Gobierno es poco” ya que con la designación del nuevo Presidente del organismo, la administración libertaria “lanzó una campaña de intervención llevándose puesta la institucionalidad” al proponer “el despido de 1.500 trabajadores más, cambiar la línea programática, la estructura y disponer la venta de inmuebles y patrimonio de la institución”.
Además, “a fines del año pasado se vendió un edificio en el barrio porteño de Palermo, se entregaron 40 hectáreas en Salta y está en proyecto entregar entre cuarenta y cincuenta mil hectáreas a nivel nacional” detalló y señaló que también “se cerraría todo el sistema de extensión a nivel nacional” y con ello las “300 oficinas” que el INTA tiene distribuidas en todo el territorio argentino, cosa que “sería un problemón y la caída de todo el Instituto”.