Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Causa Vialidad, Natalia Volosin advirtió: “Los derechos constitucionales tienen la particularidad de ser universales. Pero en el momento que empezamos a elegir a quienes se los respetamos y a quienes no, según nuestra conveniencia, se pierden las garantías ciudadanas; porque especialmente estos derechos deben ser respetados a las personas que nos resultan intolerables e indigeribles políticamente”.
En contacto con “Es Un Montón” por “Radio Provincia” la abogada y doctora en Derecho consideró necesario “tener la capacidad de distinguir lo que cada uno piensa o cree sobre, la corrupción durante la gestión kirchnerista y la culpabilidad de Cristina en estos hechos, de lo que realmente se ha podido probar en un juicio” porque “cuando uno se pone a mirar lo probado en la causa o lo que decide la Corte, en relación a los planteos de la expresidenta; pude ver cosas nefastas”.
Seguido condenó “la incapacidad de la Corte para darle respuesta a los pedidos de la defensa de Cristina” cuando denunció “que se sintió vulnerada en sus derechos y especialmente en el derecho constitucional que todos tenemos a ser juzgados en un proceso justo y por magistrados imparciales y fiscales objetivos”.
En ese marco, Volosín dijo “era más fácil contestar a cada uno de los planteos y que todos nos quedáramos tranquilos” que esgrimir que desde la defensa de Cristina “no se explicó suficientemente bien por qué cree que violaron sus derechos” cuando “las pruebas son públicas” porque por ejemplo “el viaje a Lago Escondido está filmado y las reuniones en Los Abrojos están comprobadas”.
En ese marco, la también reconocida twittera se preguntó qué “queda para los demás ciudadanos si a una persona con tanto poder, ya que fue dos veces presidenta del país, una vicepresidenta, senadora nacional, etc… le pasa esto”.
Y explicó que el precedente que sienta "esta decisión infundada de la Corte es preocupante fundamentalmente para los políticos, y por lo tanto ellos deberían ponerle el ojo” porque “genera un nivel de arbitrariedad que va horadando el ya muy frágil Estado de Derecho en el país y la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia”.
Finalmente, consideró que la vicepresidenta podría acudir a “la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la cuestión de la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos” dado que “si la inhabilitación es de por vida esto viola determinados derechos políticos”. Pero advirtió que ésta apelación en tribunales internacionales “no es una cuarta instancia, ya que la decisión que tomen no está por encima de la Corte Suprema Argentina. Pero sí pueden dar recomendaciones al Estado Argentino o condenarlo por violar el derecho internacional. No mucho más que eso”.