En diálogo con El Repaso explicó que “la ley consagra el derecho humano a morir con dignidad y regula la muerte digna a través de la eutanasia. Tiene un sistema bien claro de garantías y definiciones concretas bien específicas, y cuando ello se cumple se elimina el delito”.
Seguido, remarcó que “el Estado tiene que ser garante de que ese derecho humano se cumpla, por lo tanto todo el sistema de salud tiene que ofrecer las prestaciones vinculadas al cuidado al final de la vida”. Preve Cocco detalló que “el paciente tiene que ser una persona mayor de edad, estar psíquicamente apto, y tener una enfermedad incurable e irreversible, que le esté causando un sufrimiento insoportable y que genere un grave y progresivo deterioro en su calidad de vida”.
Finalmente, sostuvo que “son dos profesionales los que tienen que constatar todas las condiciones, uno que puede ser elegido por la familia, el médico tratante, y el otro es un profesional que generalmente son consultantes o que emiten segundas opiniones, y ambos tienen que tener independencia entre sí”.