En comunicación con “El Repaso”, por Radio Provincia, el letrado indicó que “más allá del hecho no democrático” de no aplicar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Pediátrica y de Financiamiento Universitario “el gobierno se escuda en un vericueto legal sin sentido” que es exigirle al Congreso que cuando sanciona este tipo de leyes “diga de dónde sacar los recursos para ejecutarlo”.
“Eso es una ley de 1992 -advirtió- de la época de la convertibilidad, cuando los presupuestos eran bastante fijos y no se modificaban. Hoy la situación es distinta. El 80 % de los gastos es discrecional y por eso venir a exigir que le digan de dónde sacar el dinero es una hipocresía total”.
A continuación, el abogado consideró que “lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es absolutamente ilegal y por eso se pueden presentar distintas acciones judiciales como un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para que la justicia obligue al gobierno a ponerlas en práctica”.
Según el entrevistado “incumplir una ley del Congreso tiene una penalidad porque incurre en un delito penal, que puede ser abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público y seguramente se haga alguna denuncia en este sentido”.
Por último, Marcos Aldazabal remarcó que “ si el gobierno no aplica las leyes y encima desacata órdenes judiciales se convierte en una monarquía”.