En contacto con “TER” por “Radio Provincia” el padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad informó: “Llamamos a un cese de las actividades en todo el país porque, en el sector, la situación es cada vez peor, ya que van a cumplirse casi 11 meses sin ningún tipo de aumento”.
Además, “hay mucho enojo, los prestadores no saben cómo llevar adelante sus obligaciones y los familiares están totalmente desesperados porque tienen que presentar las órdenes de atención en las obras sociales y no saben si los prestadores van a seguir brindando la atención” denunció el párroco. Y al mismo tiempo lamentó que luego de la manifestación en la ANDIS no los llamaran “teniendo en cuenta que hay dinero para esto”.
“Esperaba que en estos días hubiera algún llamado o convocatoria para una reunión y así determinar un aumento de aranceles para los prestadores, pero no hubo nada”, denunció y agregó que por ello “invitamos a todas las organizaciones a hacer un paro martes y miércoles; y hoy nos juntamos acá y vamos a ir caminando al ministerio de Salud para pedirle al ministro Lugones un aumento de aranceles”.
Seguido explicó que el sector necesita “una partida rápida para que las instituciones y prestadores tengan un ingreso de dinero y puedan cubrir lo que está pasando. Nuestro fin es ir, hacernos presentes. Además, antes de que nos cierren el Ministerio me adelanté y presenté una nota para expresarles porqué nos movilizamos”.
“No tenemos pensado pedir una reunión, la idea es simplemente expresarnos y que la sociedad vea que a pesar de que esté la Ley de Emergencia en Discapacidad, eso solo no alcanza porque no se está cumpliendo y eso también ocurre con las universidades y con el Garrahan”, enfatizó.
Asimismo, Molero ponderó que en una resolución sobre un amparo presentado por un grupo de padres un juez de Campana le dio “5 días al Gobierno” para revisar el Decreto que suspendía la Ley. En ese marco, ANDIS emitió “una resolución que obliga a devolver las pensiones y a suspender las auditorías”. Y agregó que ahora hay que esperar “qué respuestas da la administración de Javier Milei” porque “la resolución salió pero ahora tienen que cumplir con lo que dice que es pagar todo lo que quedó desde que fueron suspendidas”.
Y concluyó que en un contexto donde hay alrededor de 110 mil suspensiones “me parece muy bien que la justicia diga que no pueden hacer más auditorías. Me parece muy bien que la justicia empiece a fallar en estos temas para salir a defender a la gente y sus derechos”.