En diálogo con El Repaso comentó que en su momento interpuso una denuncia ante la Justicia Federal de Córdoba porque primero “se avanzaba con este proceso sin tener los parámetros para establecer quién era beneficiario y quién no de una pensión por discapacidad” y por otro lado “la mecánica que evidente en cuanto impedir que las cartas documento donde se emplazaba a la gente a ser sometida este proceso le llegaran de manera efectiva”.
El respecto, agregó que “esto lo veíamos muy patentizado en el interior del país donde la gente se tenía que llegar a las sucursales del Correo Argentino que están emplazadas en las cabeceras departamentales y tenían que hacer varios kilómetros y hacer una cola de muchas horas para ver si por las dudas le habían mandado a alguna carta documento”.
Seguido, explicó que “hay un elemento muy importante que va a sumar mucho, y es la vinculación que existe con el Correo Argentino porque esta empresa también depende de Karina Milei, y ha existido una maniobra muy artera: se contrató el servicio de la empresa estatal para enviar 720,000 cartas documento a un valor de $30,000 cada una y esto generó 21,600 millones de pesos que se gastaron por un servicio que no se brindó. Y no se brindó porque el Correo Argentino no tenía la capacidad operativa para hacerlo ya que entre diciembre del 2024 y julio del 2025 tenían 5000 empleados menos” debido a los despidos del gobierno nacional.
“He visto delegaciones departamentales del Correo Argentino que tenían un solo empleado para repartir miles y miles de cartas. Entonces realmente fue una maniobra orquestada, dirigida y comandada por Karina Milei” para disponer de “la mayor caja de un organismo descentralizado del Estado como lo es la ANDIS”.