A diciembre de 2025, la Nación le debe $2,1 billones a la Provincia entre las cajas del Instituto de Previsión Social, BAPRO y la policía bonaerense monto que representa “un tercio de nuestro presupuesto. Además, estos recursos son fondos que le corresponden a provincias como la nuestra que no tienen sus cajas transferidas. De hecho, también es la realidad de Santa Fe, Córdoba y tantas otras”, explicó Marina Moretti, titular del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires por el aire de la radio pública.
En contacto con “Napalm” la funcionaria bonaerense informó “la deuda que mantiene la Nación con la Provincia no es con la administración bonaerense sino con sus jubilados, mientras que desde el gobierno bonaerense se sigue garantizando el pago de poco más de 380 mil prestaciones todos los meses” y subrayó que “no se trata de una fiesta de reparto de plata o algo que es discrecional, sino de fondos establecidos por ley”.
Moretti enfatizó que esta dinámica está “en la esencia de la formación nuestra como República” dado que “las distintas jurisdicciones ceden recursos para que las administre el Estado Federal y las distribuya a través de las leyes”. Y disparó: “Así se celebran los números desde Nación. Pero en realidad, el equilibrio fiscal es debiéndole plata a todo el mundo”.
Seguido, especificó que las administraciones afectadas son “las que administran sus propias cajas de jubilaciones y pensiones del sector público” y enfatizó que esta transferencia, “aunque no son automáticas (porque dependen de un cálculo) son obligatorias” y “están establecidas por la Ley de Reparación Histórica de 2016”.
Allí, “la Nación asume un compromiso de calcular, junto con las Cajas, la cobertura de los déficit”, puntualizó y aclaró que la norma “tienen un sentido reparador, ya que cuando las cajas provinciales se transfirieron al ANSES, hace 30 años, las jurisdicciones provinciales dejaron de percibir coparticipación. Por lo tanto, estos (fondos adeudados) son una compensación por lo que dejamos de percibir y que todos los años, la Ley debe calcular de acuerdo a las reglas de cada caja”.
Seguido, informó que “como Provincia, a partir de la asunción del gobernador, Axel Kicillof empezamos un proceso de trabajo para poder percibir esas diferencias. Pero, desde que asumió Javier Milei la presidencia esos pagos se han discontinuado”.
“Hemos intentado todo pero no hemos tenido respuestas, ni una razón que justifique el incumplimiento. Por eso, en 2024 interpusimos una demanda, patrocinados por la fiscalía de Estado; aunque todavía la tiene la Corte Suprema para expedirse. De hecho, hay muchas provincias que han judicializado la cuestión. Y algunas han tenido mejores respuesta. No es nuestro caso dado que han pasado 24 meses y nosotros no hemos tenido respuestas de quienes deben dirimir las diferencias, y exigir que se cumplan las leyes”, cerro.