Tras un dictamen favorable, hoy la Ley de Glaciares se puede convertir en Ley en el Congreso de la Nación. En contacto con la radio pública bonaerense, Eugenia Testa, directora del Círculo de Política Ambiental explicó que las modificaciones propuestas “se reduce a 3 cambios fundamentales”. Y desagregó: “Se reduce la superficie de protección” porque se dispone que “las formas glaciares y periglaciares pueden ser intervenidas por actividades productivas cuando los gobiernos provinciales así lo determinen a partir de un estudio de relevancia hídrica”.
En segundo término, señaló que “hay una alternación en las competencias en la regulación ambiental que establece la Constitución Nacional” porque “se pasa de un ordenamiento general y de un inventario nacional, a que sean las provincias las que puedan empezar a tocar ese inventario de acuerdo a las evaluaciones que ellos hagan”.
Y en tercer lugar, “se desplaza la decisión política basada en evidencia científica que se genera desde el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales por un acto administrativo que realizará un funcionario de segunda o tercera línea de un gobierno provincial”.
Además, enfatizó que lo que garantiza "la intervención del IANIGLA, al ser un organismo nacional, es independencia política, cosa que no es menor porque la mayoría de los técnicos en cada una de las provincias prestan servicios para el Estado y para las empresas mineras. Por lo tanto, no hay una garantía a la hora de decidir si un emprendimiento millonario está sobre un glaciar si tiene relevancia hídrica o no”. Y al mismo tiempo ponderó que el IANIGLA cuenta con respaldo internacional, porque su inventario tuvo una revisión de pares internacionales. Y en cada actualización hacen lo mismo”.
Por lo tanto “lo que hay es una reducción de la protección ambiental, alteración de las competencias constitucionales en materia de política ambiental y un desplazamiento en las decisiones” porque pasan a ser “actos administrativos” sin respaldo científico, concluyó.