La resolución derivó de una acción colectiva presentada en el mes de abril. El fallo obliga al programa Remediar Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y al PAMI, a normalizar la cadena de pagos a los prestadores de personas con discapacidad “en un plazo de 72 horas”.
Por Radio Provincia, en el programa “El Repaso”, el magistrado precisó que “el gobierno tiene que proveer los fondos para que estas prestadoras del plan Incluir Salud puedan continuar prestando los servicios a los discapacitados”.
También admitió que esta medida cautelar “puede ser apelada” pero aclaró que “en estos casos, como se trata de un sector sumamente vulnerable, cualquier tipo de apelación será concedida en su momento pero con efecto devolutivo y no suspensivo”.
Luego, el juez federal advirtió que “el sentido común imperante indica que en un Estado de Derecho se gobierna respetando las leyes, la Constitución y los Tratados Internacionales. Esto es un marco referencial de convivencias mínimas en un Estado de Derecho”.
ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA: