En diálogo con Radio Provincia, Augusto Costa puntualizó las medidas anunciadas por la Provincia para defender a los consumidores de billeteras virtuales y precisó que “el Gobernador lo explicó ayer, porque se trata de un situación, que tiene su origen en la responsabilidad del gobierno nacional. Porque a través de su política económica, generó una violenta caída del poder adquisitivo de gran parte de las familias argentinas”.
En este tono, el Ministro agregó que “hubo perdida del salario y de jubilaciones, producto del ajuste y el desproporcionado aumentos de los servicios. Y en paralelo, conlas fintech, se facilitó el acceso al crédito de manera muy rápida desde el celular en billeteras virtuales, se disparó el endeudamiento”. Además, enfatizó que como las condiciones del crédito no son compatibles, se empezó hacer una bola de nieve, donde 6 millones de personas tienen una situación de mora”. Al tiempo que subrayó que en los últimos dos años, hay “un aumento del 130% de morosos, mas de 3, 5 millones de personas”.
Seguido, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense afirmó que “hay que darles una respuesta, porque no puede ser la que plantea el gobierno nacional, que se trata de algo entre privados. Acá hay una asimetría y desigualdad, entre el que toma el crédito y quién lo otorga”.
Asimismo, Costa detalló las medidas de la Provincia para controlar a las billeteras virtuales y sostuvo: “Nos estamos haciendo cargo de algo que el gobierno nacional no hace, como velar por la protección de los derechos de los usuarios, que hoy están completamente desprotegidos". Además, dijo que no tienen “potestad ni facultad de regulación de las billeteras virtuales”, porque eso es competencia de la administración de Javier Milei. En cambio, aseguró que “si tenemos la competencia de aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, que la veníamos usando desde el área de oficio con las denuncias que nos llegan “.
El Ministro aseguró que “en el primer semestre de este año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra las empresas Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud, por falta de información clara, porque no hay botón de arrepentimiento. Y hay incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento”. Al tiempo que agregó que desde la Provincia abrieron “un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios, con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”.
En relación a los jubilados endeudados indicó que hay una “falta claridad sobre el servicio y las condiciones que están prestando”, porque es importante explicar “los términos, los plazos y los costos financieros”. A raíz de esto, “vamos a intimar a las empresas para que cumplan con la Ley”.
Por otro lado, al ser consultado por el costo financiero total dijo que “es lo que le estamos preguntando a las empresas. Queremos entender, ese salto de una tasa nominal anual, a un costo financiero total de un 400% que hay adentro de ese sobrecargo”. Y agregó que seguramente “haya cargos y comisiones que nos enteramos recién al momento de pagar” añadió.
Augusto Costa, destacó que “si no hay una política publica que lo resuelva, las consecuencias son para toda la economía”. Y precisó que al momento de recibir denuncias los acompañamos “desde defensa del Consumidor y los asesoramos. Uno tiene que ser consiente sobre la situación de desesperación de muchas familias, que no tienen otro remedio de entrar en una bola de endeudamiento”.
Finalmente, remarcó que “el Estado no puede mirar para otro lado” y por tal motivo, subrayó: “Necesitamos que el gobierno nacional se haga cargo y regule, que establezca parámetros y mejore las condiciones del poder adquisitivo de las familias. Es lo único que resolverá el problema de fondo, no es una solución individual, si es un problema social y colectivo la respuesta debe ser para todos y en forma transversal. No se le puede dar la responsabilidad a quién se endeuda, la obligación de tener que se resolverlo sólo. La administración nacional” debe cambiar la política”.