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Por Radio Provincia, se refirió a la presentación judicial realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande para frenar el avance de la exploración y eventual explotación petrolera en la Cuenca Norte de Malvinas, donde se desarrolla el proyecto León Marino. Explicó que “en los últimos meses empezamos a tener la constatación de que empresas de capitales británicos e israelíes estaban con las fases de exploración muy avanzada y dentro de su planificación, con la intención de avanzar en la explotación petrolera hacia finales de 2027, inicios de 2028”.
Según detalló Guerrero Iraola, el proyecto León Marino “está a 200 kilómetros de la Cuenca Norte de Malvinas” y lo definió como “un yacimiento de clase mundial”, ya que “se proyectan 23 pozos iniciales con una producción de 125 mil barriles diarios”, cuando en Vaca Muerta se obtienen 645 mil. “Se trata de petróleo argentino”, afirmó el abogado del CECIM, quien sostuvo que las compañías involucradas “están operando bajo licencias ilegales e ilegítimas otorgadas por el gobierno implantado en las Islas Malvinas”.
Desde los estudios de la radio pública provincial, repasó los antecedentes normativos y políticos vinculados con la explotación de hidrocarburos en el área. “Esta historia comienza en 2010, pero la diferencia entre los gobiernos nacionales y populares y los de corte neoliberal es bien marcada”, enfatizó. En ese recorrido, destacó la sanción de la denominada Ley Pino Solanas en 2011 y su modificación en 2013, cuando “se profundizan las sanciones previstas para quienes desarrollen acciones de exploración o explotación en nuestra plataforma continental en relación a hidrocarburos”.
También recordó que en 2015 “el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández inicia una causa penal donde se dictan medidas cautelares contra estas empresas”. No obstante, durante la gestión de Mauricio Macri, “la Cuestión Malvinas entró en una fase de declive total”. Según explicó, durante esa administración se estableció un acuerdo que, “bajo el llamado paraguas de que ‘no se discutía la soberanía’, convalidaba la posibilidad de que el gobierno ilegal en Malvinas y el imperio británico comenzaran a realizar tareas de tipo económica y científico sobre nuestra plataforma”.
Tras recordar que el gobierno de Alberto Fernández “comenzó el proceso sancionatorio contra estas empresas”, denunció que el 10 de diciembre de 2023, “con el gobierno de los hermanos Milei, entramos en un proceso de letargo absoluto”.
Frente a ese escenario, el CECIM-La Plata presentó “una acción judicial preventiva de daño ambiental y soberano ante el Juzgado Federal de Río Grande por la inacción del gobierno nacional”, por cuanto “la Ley siempre estuvo ahí y es un deber aplicarla porque la Constitución dice que la Cuestión Malvinas es una causa irrenunciable del pueblo argentino”.
La presentación apunta también a que la justicia intervenga sobre las actividades desarrolladas por las empresas en el área. “Le pedimos a la jueza Mariel Borruto que haga cumplir la Ley y que exprese que la exploración que va a redundar en una explotación petrolífera es ilegal e ilegítima”. En ese sentido, Guerrero Iraola precisó que solicitaron que “aplique las sanciones correspondientes y dicte una medida cautelar ordenando a las empresas que se abstengan de seguir realizando estas acciones unilaterales”.
El letrado también cuestionó el argumento británico de la autodeterminación de los habitantes de las islas. “El Reino Unido, como no puede blanquear abiertamente que ellos están administrando las islas, impusieron una población y una forma de gobierno controlado, nos habla del principio de autodeterminación”, apuntó, pero aclaró que la autodeterminación de los pueblos “no aplica en enclaves coloniales porque está pensado para liberarlos del colonialismo”. Desde esa perspectiva, sostuvo que “el Reino Unido habilita a que el gobierno ilegal otorgue licencias que, por lo tanto, también son ilegales e ilegítimas”.
A su vez, advirtió que la explotación petrolera no constituye el único eje de preocupación del CECIM. “Más allá del petróleo, que es el segundo eslabón del financiamiento del imperio en nuestras islas, ya viene otorgando licencias pesqueras, y de eso Milei no dijo nada”, cuestiónó.
El abogado planteó, además, que la cuestión de los recursos naturales debe ser vinculada con las condiciones económicas del país. A partir de la demanda, formuló que “más allá de pedirle a la jueza que cumpla la Constitución, buscamos que la dirigencia entienda que estos recursos naturales podrían ser un enorme motor del desarrollo nacional. Hay que entender la correlación entre el saqueo y los pibes que se van a dormir sin un plato de comida”.
Por otra parte, describió que la cadena nacional realizada por Javier Milei fue “un ‘galtierazo’, en el marco de una democracia fallida”. Critió que “el jueves Milei se paró sobre la mesa y dijo que ahora es un hombre soberanista y que la causa Malvinas es impostergable”. No obstarte, contrastó ese mensaje con las decisiones adoptadas desde el inicio de la actual gestión, donde “el 10 de diciembre de 2023, de espaldas al pueblo, enumeró una catarata de actos y eslabones de entrega de la soberanía”.
Desde el CECIM, afirmó que “sentimos que después del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial, le logramos calzar el bonete de vendepatria a Milei”, sostuvo.
Por último, recurrió a la Carta a Junta para cuestionar las políticas del Gobierno nacional. “Como dijo Rodolfo Walsh en el ’77, el plan económico y soberano de este Gobierno fracasa”. Frente a ese escenario, sostuvo que Milei “dijo que va a ser el ‘hombre Malvinas’, pero la gente no le cree y esa discusión ya la perdió”.